Repositorio de la SCJN

En todo sistema democrático la transparencia posibilita a la ciudadanía a fortalecer su derecho a saber y obtener datos que permitan evaluar el desempeño de las instituciones públicas, esto es: una auténtica convicción para garantizar la rendición de cuentas. De conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en materia de Apertura Institucional, se establece la obligación de implementar mecanismos que afiancen la publicidad de la información y el aprovechamiento de la tecnología, con énfasis en la publicación de datos abiertos.

La apertura institucional permite materializar el principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho a la información establecido en el artículo sexto constitucional como un derecho humano. Al ser una garantía ciudadana, implica que toda información en poder de cualquier autoridad es pública y debe ser accesible, salvo aquellas excepciones previstas en las propias leyes especializadas en la materia. De conformidad con la LGTAIP los sujetos obligados del Poder Judicial de la Federación tienen, entre otras, la obligación de publicar las tesis -jurisprudenciales y aisladas- y ejecutorias, así como las versiones públicas de las sentencias (artículo 69), además deben garantizar la transparencia con sentido social y facilitar la participación ciudadana (artículo 54). Ese es el camino hacia la apertura institucional, que puede entenderse como la esencia que debe prevalecer en la función pública e implica que la información sea puesta al alcance de las personas en formatos accesibles, a través de procedimientos efectivos que eliminen barreras tecnológicas.

Esto impulsó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a profundizar en sus herramientas de difusión como el Semanario Judicial de la Federación (SJF) y el acervo de versiones públicas de sus sentencias, para poner a disposición -salvaguardando datos personales- toda aquella información sobre las tareas de impartición de justicia, compromiso que consolida la seguridad jurídica y la transparencia, al tiempo de implementar tecnología y datos abiertos para la digitalización de servicios públicos y una justicia digital con información relevante para la sociedad.

En este contexto, y como parte de la política de transparencia proactiva y apertura institucional, La Corte implementa cambios para habilitar nuevas formas de acceder a la información jurisdiccional y acercar la justicia a todas y todos los ciudadanos.

De esta manera, este Tribunal Constitucional da un paso adicional al desarrollar una plataforma tecnológica que permitirá la descarga de la información en formatos abiertos (tales como CSV), con altos estándares de calidad y legibilidad, garantizando la protección de datos personales y la seguridad nacional. Con ello se atiende el compromiso de modernizar la función judicial y ponerla bajo el escrutinio público, además de fortalecer la transparencia proactiva y la apertura institucional.

Las personas e instituciones que lo soliciten podrán acceder a esta información con estándares de calidad y legibilidad, sin que ello implique el manejo de datos personales o sensibles, en virtud de tratarse de información estrictamente jurisdiccional cuyo propósito es orientar la aplicación e interpretación del Derecho.

¿Qué significa esto? La Corte continúa innovando para modernizar sus herramientas de acceso a la información con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica. Su apertura alienta a los ciudadanos, académicos, estudiantes y litigantes para aprovechar el conocimiento jurídico de forma directa con formatos estandarizados y accesibles.

Esta evolución tan significativa se da en el contexto del Bicentenario del establecimiento de la Suprema Corte de Justicia, lo que representa un hito en el Poder Judicial de la Federación para continuar su acercamiento con la ciudadanía y afianzar su esencia como garante de la transparencia, la apertura institucional y una verdadera justicia abierta.