La Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero, fue resultado de la Revolución Mexicana y es la Carta Magna vigente en México. Fue pionera al incluir ciertos derechos sociales, como los derechos a la educación, el trabajo y la tierra, refleja las demandas de los diferentes grupos revolucionarios. Estableció la no reelección presidencial y fortaleció a la nación al declarar la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas. Además, incorporó exigencias de los grupos trabajadores y campesinos que buscaban mejorar sus condiciones de vida. Esta Constitución ha sido reformada múltiples veces, pero sigue siendo un referente internacional de justicia social y soberanía nacional.
En esta Carta Magna el Poder Judicial mantuvo la estructura básica establecida en la Constitución de 1857. Asimismo, el Congreso Constituyente reunido en Querétaro decidió fortalecer la independencia del Poder Judicial y ampliar sus funciones. Para ello mantuvo a la Suprema Corte de Justicia como el Máximo Tribunal, se le asignó la facultad de resolver controversias constitucionales que dirimieran disputas entre las entidades federativas y la Federación. De igual manera, dado que uno de los objetivos fundamentales era proteger la libertad individual, incorporó diversas reformas al juicio de amparo para robustecerlo como una herramienta clave para proteger los derechos de las personas. Además, incorporó mecanismos para garantizar la imparcialidad de los jueces y magistrados, prohibiendo la interferencia de otros poderes.
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